La caída de fondos aumenta la presión sobre intendentes
La merma en los fondos coparticipables y la caída de la recaudación están generando un panorama complicado para los municipios argentinos. En diversas partes del país, desde el norte hasta el sur, los intendentes están alzando la voz sobre el impacto que esto tiene en áreas vitales como el transporte, el empleo y hasta el pago de sueldos. Y más aún, se aproxima el medio aguinaldo de junio, lo que añade un nivel extra de presión a la situación.
La semana pasada, se llevó a cabo una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná. De allí, los intendentes salieron con un pliego de reclamos bastante contundente para la Nación, advirtiendo sobre una asfixia financiera crítica impuesta desde la Casa Rosada. Denuncian que sus gestiones están sosteniendo lo que la Nación abandona, mostrando el evidente repliegue del Estado en distintas competencias.
Lo curioso es que esta preocupación no entiende de banderías políticas, ya que jefes comunales de diferentes sectores comparten el mismo diagnóstico. Un caso resonante es el de Sauce de Luna, un pequeño pueblo en Entre Ríos, donde su intendente, Alcides Alderete, anunció que parte de los sueldos de la función pública se pagarán con bonos alimentarios. En palabras de Alderete, “No llegamos a pagar todos y la única forma es proponer un bono, para no hacer uso de la frazada corta”.
La dependencia de los municipios más pequeños de la coparticipación provincial es notable. Muchos de ellos no cuentan con una gran recaudación propia, lo que los coloca en una situación vulnerable. Esta situación se vivió también en La Providencia, donde se anunció un shutdown y se dejaron de prestar servicios por una semana.
La crisis golpea a los municipios y presiona a intendentes
No se trata de un problema aislado. En Salta, Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes, expresó su inquietud ante el colapso de la coparticipación. “Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación. Hoy muchos están pagando sueldos con lo poco que recaudan”, advirtió, señalando que el costo del combustible se está volviendo insostenible.
A esta presión financiera se suma otro problema preocupante: la morosidad de las familias y su creciente nivel de endeudamiento. Esto afecta tanto a las empresas como a los alcaldes, quienes saben que, ante la falta de dinero, muchos dejan de pagar tributos no esenciales, como el agua o la recolección de basura. “La presión fiscal es entre el 80% y el 90% nacional y provincial”, comentaron desde una municipalidad, subrayando la dificultad de mantenerse a flote.
Las alarmas también suenan en Córdoba. El Ente de Municipios y Comunas solicitó una reunión con el gobernador Martín Llaryora, alertando sobre la falta de comunicación entre las distintas instancias del Gobierno provincial. Su presidente, Rubén Dagum, enfatizó que la coparticipación ha caído más del 20% en los últimos meses, y esto repercute directamente en las gestiones locales.
En la provincia de Buenos Aires, la situación no es diferente. El intendente de Morón, Lucas Ghi, mencionó un momento de implosión social, identificando niveles de violencia familiar y angustia que aumentan día tras día. En una reciente reunión, Axel Kicillof prometió a 60 intendentes que intentaría coparticipar fondos recuperados de demandas al Gobierno nacional.
Hasta el extremo sur, Ushuaia no escapa a estas dificultades. Esta semana, los gremios municipales se movilizaron para exigir respeto a la autonomía municipal. La situación se agrava con el reclamo de Walter Vuoto, el alcalde, quien criticó a la provincia por retener fondos indispensables para cubrir necesidades básicas.
Ante todo esto, el Gobierno argentino tomó nota y esta semana oficializó adelantos por coparticipación federal por $400 mil millones destinados a 12 provincias. Una medida que busca aliviar un poco la presión sobre los intendentes, mientras se preparan para una coyuntura cada vez más desafiante.